El país macrocefálico, asimétrico e injusto en la distribución del ingreso del que Cristina Fernández de Kirchner hablaba en la Convención Constituyente de 1994 quedó expuesto ahora, en las elecciones primarias del 14 de agosto, cuando la Presidenta cosechó la mayor cantidad de votos en las provincias más dependientes del Poder Ejecutivo. Asfixiadas por la escasez de una recaudación propia que no llega a cubrir ni siquiera un tercio de sus necesidades corrientes, las provincias tienen una dependencia cada vez mayor del Estado nacional
Un reciente estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) publicado por
La Nacion advierte con nitidez sobre la magnitud del desajuste: los recursos propios de las provincias pasaron del 34 al 30 por ciento entre 1999 y 2010. En contraposición, las transferencias que están sujetas a algún grado de discrecionalidad, en el mismo lapso, crecieron del 5 al 14 por ciento.
La comparación de datos del escrutinio con el estudio del Iaraf muestra que en Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, Corrientes, Chaco, Catamarca, Misiones, Salta, Tierra del Fuego y San Juan, donde es más baja la captación de fondos propios, la fórmula encabezada por la Presidenta sacó más del 60 por ciento de los votos. Las excepciones fueron La Rioja y Jujuy, donde el apoyo a Cristina Fernández fue del 51 y del 60 por ciento, respectivamente.
La situación no es nueva. Según cálculos de la consultora abeceb.com, en 2010 el gobierno central se quedó con el 73 por ciento de los recursos tributarios nacionales, contra un 27 por ciento que fue a las provincias. Y la tendencia se mantiene en lo que va de 2011.
La provincia de Santa Cruz recibió entre 2003 y 2010 transferencias desde el gobierno nacional por el equivalente a casi 21.000 pesos por cada habitante, en tanto que, en el mismo período, cada bonaerense recibió 644,40 pesos y cada uno de los porteños, 332,60 pesos.
Al margen de semejante desigualdad, las provincias también sufren por el incumplimiento en el giro de fondos que la Nación está obligada a realizarles, lo cual obliga a muchos gobernadores a peregrinar hacia la Casa Rosada en procura de dinero.
Fue lo que tuvo que hacer pocos días atrás el saliente gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a cuya provincia se le había bloqueado la remisión de partidas que debía girarle la Anses.
Es sin dudas significativo el dato de que Schiaretti haya viajado a Buenos Aires para reclamar una deuda de 1178 millones de pesos. No fue de los gobernadores más obedientes al Poder Ejecutivo -estuvo en contra de la resolución 125, por ejemplo- y por ello tuvo problemas para manejar una provincia con desfases financieros importantes.
Seguramente en procura de evitar semejantes penurias durante el mandato que comenzará en diciembre, el gobernador electo de Córdoba, José Manuel de la Sota, acaba de tener el gesto de retirar de la competencia de octubre la lista de candidatos a diputado nacional de su sector, el llamado "cordobesismo", de manera de asegurarle a la Casa Rosada, para octubre, un campo fértil en esa provincia clave. Si la Presidenta no autoriza el envío a Córdoba de esos 1178 millones de pesos, a fin de año la provincia estaría en serias dificultades para pagar las jubilaciones y el medio aguinaldo.
Ante las desigualdades en la distribución, los mandatarios provinciales tienen, por supuesto, la opción de realizar ajustes en el impuesto inmobiliario y otros que les permitan tener financiamiento propio, pero ello no siempre es factible y tiene sus costos.
Los derechos de exportaciones e importaciones y los impuestos a los débitos y créditos bancarios constituyen algunas de las formidables cajas de que dispone el Gobierno. En el primer caso, en lo que va del año, y descontado el 30 por ciento de exportación de soja que se incluye en el Fondo Solidario y sí se reparte entre las provincias, el Tesoro nacional recaudó 44.000 millones de pesos.
A ello hay que agregar una genuina creación del kirchnerismo, que se ha ido perfeccionando, como es la subestimación de metas presupuestarias, que en 2010 rondó los 40.000 millones de pesos.
Poco y nada se hizo en los últimos años para terminar con todas estas asimetrías, por lo cual la mayoría de las provincias han pasado a tener una dependencia cada vez mayor del poder central.
En 2010, las transferencias automáticas, que más bien pueden llamarse discrecionales, superaron los 27.000 millones de pesos, según la consultora Abeceb. En gran medida, esos remanentes son manejados por el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido.
No es fácil lograr una ley de coparticipación federal que contemple de manera justa los intereses de provincias que son muy diversas, pero es innegable que poco y nada se ha hecho en pos de ello. En el Senado duermen distintos proyectos presentados por la oposición.
En este tema, la Presidenta olvidó su promesa sobre mejor calidad institucional. Su gobierno sigue manejando fondos públicos al mejor estilo de los regímenes personalistas.
A partir de su triunfo en las primarias de agosto, la jefa del Estado ha tenido varias apariciones públicas. En ninguna de ellas figuró el debate sobre una nueva ley de coparticipación federal. El país cada vez más unitario en materia fiscal, macrocefálico y anacrónico del que hablaba en los 90 ya no parece preocuparle más..
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